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Las cárceles de La Plata contienen a casi el 20% de los presos bonaerenses

Tienen 7.120 internos y 6.631 camas. En los últimos 7 meses, récord de detenidos en la Provincia


Entre la “puerta giratoria” y las leyes que buscan ponerle un tope limitando las excarcelaciones aparece una cuestión clave: si hay más presos se necesitan más cárceles para alojarlos en condiciones aceptables. Y aunque invertir fondos públicos en ello no rankea entre las medidas más populares, es un tema a tener en cuenta.

Los números oficiales hablan por sí solos. En diciembre de 2016 había 34.392 detenidos en penales y alcaidías bonaerenses, cifra que trepó, en julio de este año, a 37.208.

Dicho de otro modo, en siete meses ya son 2.816 los internos que se sumaron al sistema, cuando el promedio histórico rondaba los 1.200 por año.

En La Plata funcionan las Unidades Penitenciarias 1, 22, 25 y 26 (Olmos); 8 y 33 (de mujeres, en Los Hornos); 12 y 18 (Gorina); 9, (Villa Elvira); 10, 34 y 45 (Melchor Romero) y las Alcaidías Departamentales Petinatto (Olmos), La Plata II y La Plata III (Melchor Romero).


Ellas contienen al 19% de los internos de toda la Provincia, aunque sólo el 5% del aumento poblacional carcelario impactó en los penales locales.

En diciembre pasado los detenidos eran 6.984 y al 31 de diciembre suman 7.120, pero las camas disponibles son -en total- 6.631.

Este fenómeno tiene como réplica inmediata el aumento de la cantidad de presos en comisarías, problemática que se ha intentado desterrar desde hace años, con resultados esquivos.

Los calabozos de las seccionales bonaerenses alojaban 3.000 personas en julio, 700 más de las que había en mayo.

En nuestra Región son pocas las comisarías que tienen habilitadas las celdas: la Sexta (Tolosa), Séptima (Abasto); Octava (Villa Elvira); Undécima (Ringuelet); Duodécima (Villa Elisa); Primera y Cuarta de Berisso y la Segunda de Ensenada.

El jueves pasado había, en el total de las dependencias, 50 detenidos (entre ellos 6 mujeres), informaron fuentes del ministerio de Seguridad.

UNA CUESTION DE EQUILIBRIO

En el Servicio Penitenciario (SPB) reconocen la suba en la población carcelaria y las pocas chances de que la tendencia se revierta, aunque no pasan por alto que el “problema tiene varios años” y que no impacta igual en todas las unidades.

“En algunas del interior sobran plazas, mientras que en otras del conurbano hay hacinamiento”, explicaron fuentes oficiales, que vinculan esto con la cláusula de acercamiento familiar por la que “los jueces ordenan el traslado de los detenidos cerca de su lugar de origen”.

En los últimos meses se avanzó en el realojamiento de los internos, decisión que fue cuestionada desde algunos ámbitos y “avalada por las cámaras de apelación, que entendieron que las condiciones de detención se agravan con el hacinamiento y no con un traslado”, dicen desde las oficinas del SPB.

Mientras tanto, comenzaron las obras para poner en valor varias unidades, “con lo que ya se recuperaron 1.000 plazas que se habían perdido por clausuras” -comenta el responsable de la Auditoría General del Servicio, Fernando Rozas- y hay un proyecto para generar más cupos en cuatro alcaidías, arrancar en marzo con la construcción de otras dos en Campana y Lomas de Zamora (los distritos donde la superpoblación pega más fuerte) y con una cárcel en Campana, además de ampliar la de San Martín.

El SPB fue intervenido en octubre del año pasado y quedó en manos de civiles con la designación de Juan Baric, tras la detección de varias irregularidades. Una de las más evidentes: la superpoblación de empleados era más escandalosa que la de los presos.

“Teníamos 35 mil detenidos y 23 mil penitenciarios, más de uno por cada dos internos”, reflejaron desde la Auditoría, que descubrió en su planta de personal había un decorador de interiores, tres chefs internacionales, un antropólogo y siete guías y técnicos en turismo, mientras faltaban guardias en cárceles complicadas como la Nº 1, de Olmos.

En ese penal que hoy alberga a 2.559 presos había un agente cada 6, mientras que muy cerquita de allí, en la Alcaidía Petinatto (con 71 detenidos), la relación era de tres penitenciarios por interno.

De nuevo, la decisión fue avanzar con la redistribución (en este caso, del personal) para equiparar los recursos con las necesidades. Se dispuso el traslado de 4.744 agentes del escalafón general, 271 de los cuales optaron por la renuncia.

DE FACAS, DROGAS Y CELULARES

Este año se reforzaron las requisas en las cárceles de la Provincia, con la intervención del llamado “grupo Halcón” del Servicio Penitenciario. Es el DOE (Departamento de Operaciones Especiales), que dispone de un móvil equipado para trasladar agentes y perros entrenados en la detección de drogas, armas y dinero.

Los números también reflejan la magnitud del problema. Solamente en los penales platenses se secuestraron entre el 1º de enero y el 27 de julio 2.535 teléfonos móviles; 92 chips; 97 cargadores; 4.156 pastillas psicotrópicas; 739 facas y 42 elementos contundentes.

Los operativos no se limitan a revisar los calabozos y pabellones. En una requisa reciente en la Unidad 9 fueron también por los lockers de los guardias: en tres de ellos encontraron marihuana, psicofármacos y plata. “Esos agentes ya fueron puestos en disponibilidad”, apuntó Rozas.

Otro problema viejo como el hacinamiento (y tan ligado al mismo) son las revueltas y motines, aunque dicen los que saben que los detonantes más frecuentes son tres: las fiestas de fin de año, las leyes que endurecen las excarcelaciones y la comida, cuando es mala o es poca.

En un intento por desactivar la última causal de conflicto, las autoridades buscan garantizar una alimentación variada y de calidad, que incluye “frutas y verduras que no entraban en los penales desde hace 4 años”, dijo un alto funcionario del servicio. También fortalecieron los controles en la entrega de las provisiones, “porque pagábamos por carne y nos daban huesos”, detalló Rozas.

Para eso hay cinco equipos que hacen auditorías permanentes.

CHIP

El 40% de los que están presos, son reincidentes. Dicho de otro modo, ya estuvieron antes y es muy probable que caigan de nuevo. Una iniciativa para bajar el índice de reincidencia es mejorar el trabajo en las cárceles, la formación a través de cursos y los estudios (ver.

En los últimos 7 meses “se inauguraron 21 talleres y se pusieron en valor otros 21” en La Plata, habilitando “77 que estaban cerrados (en toda la Provincia), con más ganas que recursos”, resaltó Rozas. Y anticipó que para el 2018 analizan “poner en marcha planes de estudio en contexto de encierro, para garantizar que terminen su formación”.

En las unidades penitenciarias de nuestra región estudian, en total, 3.108 internos, la mayoría de ellos (1.331) el nivel primario.

Rozas se toma unos instantes para responder qué es lo mejor y lo peor del SPB. Después dice: “Lo peor es la costumbre de los años de abandono y de desidia; ese chip en la cabeza de que se las cosas se hacen como se puede. Y lo mejor es poder rescatar a la gente que no tiene ese chip, sino la voluntad de hacer lo que se debe”.

 

internos participan de los talleres en los complejos penitenciarios de La Plata y Olmos, 443 varones y 70 mujeres. Hay de albañilería, carpintería, herrería, imprenta, tapicería, marroquinería, apicultura y panadería, entre otros. En Olmos funciona la fábrica de colchones ignífugos.


el dìa 




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